Cancún, Q. Roo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) actualizado entrará en vigor hasta el 2019, como fecha más próxima, en el supuesto de que haya una negociación rápida del mismo que concluya a finales del 2017, previó Jaime Zabludovsky, vicepresidente de la consultoría Iqom y asesor externo de la Secretaría de Economía.

“Lo más probable es que el proceso negociador en Estados Unidos se vaya hasta el 2019”, dijo Zabludovsky  al participar en el Congreso de Agentes Aduanales en esta ciudad.

El TLCAN entró en operación en enero de 1994, fecha a partir de la cual los tres países iniciaron un proceso de 14 años para eliminar gradualmente miles de barreras con miras a tener una integración regional. A la fecha, prácticamente todos los productos comercializados entre la región no pagan aranceles.

Adicionalmente, el TLCAN eliminó barreras en sectores de servicios, quitó obstáculos para las inversiones extranjeras y abrió las compras gubernamentales para las empresas de la región, entre otros aspectos de su liberalización.

El periodo mínimo requerido entre el cierre de la negociación y la entrada en vigor del renovado acuerdo comercial está influido sobre todo por los plazos estipulados en las leyes estadounidenses y por la elección intermedia de Estados Unidos (EU).

“Si hay un saludo de mano (cierre de la negociación) en diciembre del 2017 o principios del 2018, estamos lidiando con otro escenario porque ya hubo un acuerdo de las partes, ya hay algo que vender, ya (Donald) Trump se puede parar y decir que tuvo la mejor negociación del mundo, y la incertidumbre va a desaparecer en buen grado, sin menospreciar que hay todavía un proceso importante en la aprobación”, comentó Zabludovsky.

Bajo el supuesto de que se cerrara la negociación a finales del año en curso, el primero de los siguientes pasos es que el presidente Trump notificara al Congreso sobre el cierre del proceso negociador 90 o 180 días antes de la firma del nuevo documento del TLCAN para poder hacer las reformas respectivas a la legislación estadounidense.

En este trámite, correspondería 90 días a la firma del acuerdo si no hubiera modificación a la legislación sobre remedios comerciales (antidumping e impuestos compensatorios) o 180 días si las hubiera.

Los tiempos estimados por Zabludovsky asumen el periodo más corto. Con ello, la firma del TLCAN modificado sucedería a finales de marzo del 2018. A partir de entonces, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos debe emitir un reporte sobre el impacto del nuevo acuerdo comercial a más tardar 105 días después de la firma, de modo que este reporte probablemente se daría a conocer a mediados de julio del 2018.

La siguiente etapa es la presentación del TLCAN renovado al Congreso estadounidense para su aprobación, lo que Iqom proyecta para septiembre del 2018, pero también se debe considerar que las elecciones de medio término en Estados Unidos son en noviembre del 2018. A partir de la presentación, el plazo máximo para la aprobación en el Congreso es de 90 días.

En el caso mexicano, en junio del 2018 tendrán lugar elecciones para elegir presidente de la república y renovar el Congreso, cuya nueva legislatura entrará en vigor en septiembre de ese año, habiendo probabilidad de que sea ésta quien deba aprobar el acuerdo renovado, en caso de que ello no se logre con la actual legislatura.

Muchos de los cambios esperados en el TLCAN podrían ser en el sentido de incorporar nuevos capítulos, como se pretendía indirectamente a través de Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

El TPP preveía mayor profundidad en las disciplinas comerciales tradicionalmente incluidas en este tipo de instrumentos, como acceso a mercado de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, compras de gobierno, comercio transfronterizo de servicios, solución de controversias, entre otros.

Además, contenía disposiciones de nueva generación, en temas tales como: empresas del Estado, ambiental, laboral, comercio electrónico, anticorrupción, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), competitividad, coherencia regulatoria, y desarrollo, que no habían sido consideradas en acuerdos anteriores.