La Confederación de Agencias de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) perfilan la firma de un acuerdo anticorrupción.
Ante todo, el acuerdo fue propuesto por la CAAAREM en su Congreso Nacional de Agentes Aduanales, celebrado en Boca del Río, Veracruz.
Horas después, Citlalli Navarro, directora general de Planeación Aduanera de la ANAM, recibió con beneplácito la propuesta en forma verbal y de manera general.
En el mismo evento, Luis Ernesto Rodríguez, presidente de la CAAAREM, dijo que entre los principales retos que enfrenta México en el sector es crear una mayor y más eficiente infraestructura logística en materia de comercio exterior dado el crecimiento de las importaciones y las exportaciones, a la vez que, en segundo término, también está el combate a la corrupción.
Navarro dijo que una de las ventajas prácticas de este tipo de acuerdo es el intercambio de información entre ambas partes.
Con el fin de combatir la corrupción y aumentar la seguridad en las aduanas y los puertos de México, el 7 de diciembre de 2020, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos fueron modificadas para transferir algunas de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo la administración y vigilancia de la seguridad marítima y portuaria, a la Secretaría de Marina.
CAAAREM
Asimismo, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la CAAAREM, firmaron el 10 de diciembre de 2021 un convenio de colaboración para combatir la evasión fiscal, el contrabando y la corrupción en el comercio exterior.
Con el objetivo de mejorar la recaudación fiscal, facilitar el comercio, incrementar la eficiencia de los servicios aduaneros y de inspección y reforzar la seguridad nacional, el 14 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la ANAM como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este decreto dota a la ANAM de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, y le otorga el carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones.
