México ha firmado nuevos acuerdos sobre contratación pública y ha emprendido nuevas estrategias en la materia, pero aún mantiene cierta opacidad.
El gobierno federal de México afirmó que tiene como principales objetivos, garantizar que el gasto público se realice mediante las mejores condiciones para el Estado y que se eliminen las prácticas que impiden la asignación eficiente de los recursos públicos.
Por ello, se transfirió a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las facultades y funciones referentes a la definición, planeación y conducción de los procesos de contrataciones públicas, funciones que hasta 2018 eran responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública.
Por otro lado, el gobierno de México firmó en 2019 un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que ésta realice los procesos de contratación pública de medicamentos y material de curación hasta 2024, lo que le ha permitido ahorros de 11,800 millones de pesos, equivalentes a 20% del presupuesto programado para 2021.
Luego, ante la necesidad imperante de contar con medicamentos para hacer frente a la Pandemia, en 2020 se autorizó a las Secretaría de Salud, Defensa Nacional y Marina, así como a los Institutos de Salud para el Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar procesos de contratación pública de medicamento, equipo médico, agentes de diagnóstico, reactivos, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de bienes y servicios que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia sanitaria.
Contratación pública
Asimismo, se han impulsado los Contratos Marco basados en acuerdos que celebra una dependencia o entidad con uno o más posibles proveedores en los que se establecen las especificaciones técnicas y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de servicios u obra pública.
Estas estrategias se encuentran enfocadas en una economía de escala implementadas a través de la emisión de normatividad de carácter administrativo alineada con las leyes y reglamento aplicables a la materia.
Además, en 2021, la Oficialía Mayor de la SHCP emitió los lineamientos que coordinan los procedimientos de contratación consolidada para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o prestación de servicios y determinará las contrataciones que deberán ser consolidadas por la Administración Pública Federal.
No obstante, México registra todavía insuficiente transparencia en el ámbito del ejercicio de los recursos, como en la licitación, adjudicación y contratación de las obras y acciones.
Las áreas de opacidad se presentan principalmente en aspectos como la elevada proporción de adjudicaciones directas.
