La Ley de Mejor Utilización de las Inversiones para el Desarrollo (Ley BUILD), promulgada el 5 de octubre de 2018, condujo a la creación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC).
Esto ocurrió tras la consolidación y ampliación de las funciones de financiación del desarrollo, que hasta entonces estaban desempeñadas principalmente por la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) y la Autoridad de Crédito para el Desarrollo, dependiente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), las siguientes son algunas de las características de la DFC.
La finalidad declarada de la DFC es movilizar y facilitar la participación del capital y las competencias del sector privado en el desarrollo económico de los países menos desarrollados (otorgando prioridad a las economías de ingreso bajo y mediano bajo) y los países en transición hacia una economía de mercado, a fin de complementar los objetivos de asistencia para el desarrollo y promover los intereses de política exterior de los Estados Unidos).
DFC
A fin de facilitar este desarrollo del sector privado basado en el mercado y un crecimiento económico inclusivo en los países menos desarrollados, la DFC proporciona créditos, capital y otras ayudas financieras para, entre otras cosas, ofrecer a los países una alternativa sólida a las inversiones estatales realizadas por gobiernos autoritarios y competidores estratégicos de los Estados Unidos, utilizando las mejores prácticas en lo que respecta a la transparencia y las salvaguardias medioambientales y sociales, y teniendo en cuenta la sostenibilidad de la deuda de los países asociados.
La DFC es el organismo sucesor de la OPIC por disposición legal.
Aunque la DFC retoma muchas de las facultades y políticas de la OPIC, el nuevo organismo se caracteriza por un límite máximo de exposición más elevado (60,000 millones de dólares, frente a los 29,000 millones de la OPIC), la capacidad de realizar inversiones de capital limitadas que representen participaciones minoritarias y conceder donaciones para asistencia técnica, y funciones más específicas de supervisión y gestión de riesgos
Actualmente, en virtud de la Ley BUILD, la DFC está autorizada a aprobar nuevos compromisos relativos a proyectos en el marco de sus programas por un período de siete años.
En cambio, las operaciones de los programas de la OPIC se autorizaban anualmente mediante una ley de créditos presupuestarios, especialmente hacia el final de su trayectoria.
Al igual que la OPIC, la DFC debe ser financieramente autosuficiente.
La DFC tiene su propio inspector general, encargado de examinar, investigar e inspeccionar sus operaciones y actividades.
