La industria maquiladora mexicana se compone de entidades que importan materias primas y componentes libres de impuestos y, a su vez, exportan sus productos acabados, con proveedores que sólo pagan aranceles sobre la base del valor añadido por el trabajo realizado en México.

Inicialmente establecidas sobre todo a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, las plantas in-bond operan ahora en otras regiones del país.

Al ampliar la producción a estas otras regiones, las plantas in-bond y los proveedores tienen mayor acceso a una mano de obra más amplia y diversa.

Esta expansión también ha proporcionado a las plantas in-bond un mayor acceso a las materias primas puestas a disposición por los proveedores mexicanos.

De acuerdo con cifras preliminares, 31.1% del valor agregado de la industria maquiladora en 2021 correspondió a la producción de equipo de transporte.

Industria maquiladora

En diciembre de 2020, se promulgaron varias leyes relacionadas con la manufactura, la industria maquiladora y las importaciones y exportaciones que, entre otras cosas, armonizaron las leyes previas de importación y exportación con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y establecieron nuevos aranceles que cubren ciertos bienes manufactureros.

Con el fin de coordinar la tributación de las empresas multinacionales para evitar la doble imposición y proporcionar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos han acordado una metodología estándar para evaluar los precios de transferencia del impuesto sobre la renta en la industria maquiladora.

Las empresas que deseen beneficiarse de esta metodología estándar de evaluación de los precios de transferencia deben optar por ella.

Impuestos

Durante casi tres décadas, México ha negociado tratados fiscales bilaterales con más de noventa y dos países para evitar la doble imposición.

México es signatario del Convenio Multilateral para la Aplicación de Medidas Relativas a los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios de 2016.

Los estados miembros del Convenio acordaron modificar sus acuerdos de doble imposición existentes para permitir la rápida implementación de las medidas relacionadas con los tratados fiscales desarrolladas como parte del Proyecto de Erosión de la Base y Traslado de Beneficios, un marco que abarca más de 100 países y jurisdicciones que tiene como objetivo frenar las estrategias de planificación fiscal que aprovechan las lagunas en las normas fiscales.

El 23 de noviembre de 2018, el Convenio firmado fue enviado al Senado para su análisis y aprobación, que aún está pendiente.