El Capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), relacionado con el tema laboral, puede servir para garantizar los derechos de los migrantes, pues tiene objetivos claros que buscan protegerlos.

Pero “desafortunadamente” no promueve una circularidad del trabajo que podría ayudar a la recuperación económica de la región, opinó Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al participar en un seminario de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Celorio expuso que el T-MEC reafirma compromisos asumidos por México a nivel internacional, reitera el ámbito jurídico doméstico para la protección de los empleados, promueve la transparencia en la ejecución de legislaciones de los tres países y combate la violencia laboral (aspecto que era de la “mayor urgencia” incluir de manera vinculante en el Tratado).

También México se compromete en el T-MEC a cumplir con sus propias leyes laborales.

Además, incluye la proscripción del trabajo infantil y el forzado, y destaca también el relacionado con la protección de los migrantes, tema “muy importante porque no es exclusivo para los jornaleros originarios de los países parte del acuerdo, sino que reconoce el potencial de aquellos que provienen de otras regiones allende estas tres naciones”.

T-MEC

Esto tiene importancia no sólo para Estados Unidos, donde viven en calidad de indocumentados más de 11 millones de personas de nacionalidad extranjera, sino también para México y Canadá que también tienen poblaciones de trabajadores migrantes.

En el tema de solución de controversias el capítulo contiene un mecanismo de respuesta rápida en cuanto a derechos de libre sindicalización o transparencia en la forma en que se negocian los contratos colectivos.

El mecanismo se queda muy corto, según él, para atender “algo urgente, que son los derechos laborales en los tres países”, ya que “solo se enfoca en una cuestión muy clara que es la libertad de asociación, sindicalización y transparencia”.

Celorio subrayó que en este contexto es urgente reconocer la labor de extranjeros sobre todo en Estados Unidos, donde 16% de la población económicamente activa es migrante.

Migración

El sector agrícola genera mayor riqueza por sus exportaciones “y por ello estamos estudiando en la cancillería si podemos argumentar que existe un dumping social”, porque un indocumentado puede ganar 50 centavos de dólar por una cubeta de jitomates y el kilo se venderá hasta en cinco dólares; además no goza de seguridad social ni de condiciones salubres, porque está expuesto a pesticidas y a la insolación, ya que no se cumple la ley para disponer de área de sombra y agua y como son inmigrantes irregulares si se quejan se les despide.

Si hay un camino legal para que los empleadores estadounidenses se hagan de mano de obra, esto debería reflejarse en un aumento de las visas de trabajo temporales; sin embargo “nuestra sorpresa es que en el año fiscal 2020 apenas 200 mil mexicanos la obtuvieron, seguidos por guatemaltecos con dos mil visas en un año, lo que significa que apenas un cuarto de millón de personas fue a aquella nación para trabajar, cuando hay –y lo demuestra la cantidad de indocumentados– una gran oferta laboral y una necesidad de recuperación económica”.