La Ley de la Industria Eléctrica de México afectará a industria textil mexicana, indicó un análisis del Departamento de Agricultura (USDA).

Posterior a la discusión y aprobación de la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó el 3 de marzo la Iniciativa de Decreto por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

Con ello, el congreso mexicano aprobó una nueva ley energética que devuelve a México a la política de priorización del uso de combustibles fósiles producidos por la estatal petrolera (Pemex) -que son más sucios y costosos- frente a energías más limpias generadas en su mayoría por empresas privadas y empresas extranjeras.

Si bien quedan muchas preguntas sobre la viabilidad y la logística de la ley (México no produce suficientes combustibles fósiles para sus necesidades, por ejemplo), la ley presenta, según el USDA, otro desafío para el sector del algodón.

La ley revierte muchas de las reformas de México de 2014 que permitieron una lenta apertura a las inversiones del sector privado en generación de energía renovable, que ofrecía alternativas más baratas (de 10 a 20% menos) para la industria textil.

Actualmente, los precios de los suministros de energía de PEMEX tienen un precio fluctuante basado en la demanda y pueden aumentar hasta 84% para la energía de media tensión y hasta 45% para la energía de alta tensión necesaria para el funcionamiento de las fresadoras, de acuerdo con el USDA.

La misma fuente expuso que la energía es el segundo costo de producción más alto (entre 30 y 35%) después de las materias primas (50 por ciento).

Hoy en día, la ley se encuentra bajo un mandato judicial, luego de que la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

Ley de la Industria Eléctrica

Las modificaciones más relevantes son:

1. El cambio en el orden del despacho de energía eléctrica, dando prioridad a la electricidad producida por las plantas de generación propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
2. La restricción para el otorgamiento de permisos de generación y comercialización a los criterios de planeación establecidos en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (PRODESEN).
3. La modificación a los lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs) favoreciendo a la CFE.
4. La facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la revocación de permisos de autoabastecimiento.
5. El Gobierno Federal tendrá la facultad de revisar, renegociar o terminar los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes.

De conformidad con el texto de la Iniciativa, la Secretaría de Energía, la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) tienen un periodo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto para modificar la regulación en materia de energía eléctrica con la finalidad de que ésta sea consistente con las nuevas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

Desde la perspectiva de la Secretaría de Gobernación, los cambios al marco legal vigente pretenden garantizar un sistema tarifario de precios que se actualizarán en razón de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el Contrato Legado de la CFE y el Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.

Entre lo propuesto destaca:

1. Modificar las definiciones de Central Eléctrica Legada, Contrato de Cobertura Eléctrica, Contrato de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física y Contrato Legado para el Suministro Básico.
2. Prever la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional.
3. Establecer que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales de las centrales eléctricas.
4. Eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos.
5. Obligar a la CRE a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley.
6. Revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía.