La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó 25 indicadores relacionados con el empleo en México, en un contexto en el que aún no termina de implementarse la reforma laboral en el país.
Según el gobierno mexicano, la reforma laboral modernizó el marco legal mexicano, con adaptaciones que le permitirán afrontar las nuevas exigencias y necesidades del mercado laboral a través de tres ejes: la promoción del acceso a empleos formales; fomento al trabajo digno y protección más efectiva de los derechos laborales, así como justicia laboral y fortalecimiento de las facultades de la autoridad laboral.
La reforma laboral legalizó nuevas y más flexibles modalidades de contratación, como la contratación a prueba y con capacitación inicial obligatoria, para favorecer el acceso de jóvenes al empleo; además, se regularon con precisión formas de contratación como el outsourcing o contratación a través de terceros, el pago por hora y el trabajo a distancia.
Si bien estos esfuerzos de modernización han generado resultados, subsisten importantes retos por superar para atender a cabalidad uno de los mayores y más sentidos reclamos de los trabajadores: la celeridad, calidad, transparencia y eficacia en la impartición de justicia laboral.
Frente a ello, el 28 de abril de 2016, el titular del Ejecutivo Federal envió al Senado de la República una Iniciativa de Decreto para modificar los artículos 107 y 123 Constitucionales, y dar cauce a la reforma laboral más importante desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
La Iniciativa del Ejecutivo Federal propone:
- Que la justicia laboral se imparta en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
- Replantear la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir.
- Crear Centros de Conciliación especializados e imparciales, que cuenten con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
- Crear un organismo descentralizado con la facultad de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
De acuerdo con un reporte del Congreso estadounidense, muchos economistas y representantes empresariales generalmente buscan mantener las relaciones comerciales con Canadá y México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para mejorar las relaciones generales y la integración económica dentro de la región.
Sin embargo, grupos laborales y algunos grupos de defensa de los consumidores argumentan que el TLCAN ha resultado en la subcontratación y salarios más bajos que han tenido un efecto negativo en la economía de los Estados Unidos.
Algunos defensores y críticos del TLCAN están de acuerdo en que los tres países tal vez deseen examinar lo que el acuerdo no ha logrado hacer en lo que respecta al futuro de las relaciones comerciales y económicas de América del Norte. El tema laboral forma parte de estas pretensiones.
Desde mediados de 2017, legisladores demócratas de Estados Unidos pidieron que se eliminen los “contratos de protección” laboral en México en la renegociación del TLCAN.
Se denomina “contrato de protección” al contrato colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales.
Bill Pascrell, el principal demócrata del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, ha dicho que presionará para que las disposiciones laborales «fuertes y aplicables» sean implementadas por México antes de que el nuevo TLCAN entre en vigor.
Según Levin, el sistema laboral mexicano está diseñado para impedir que los trabajadores obtengan sus derechos y logren la negociación por mejores salarios y condiciones de trabajo. “Es un sistema basado en una política gubernamental de supresión de los derechos de los trabajadores para fomentar la inversión”, dijo.
