Al cierre de 2019, México contaba con 299 entidades controladas o de propiedad estatal.

Estas entidades incluyen: empresas de participación estatal mayoritaria (empresas de propiedad mayoritaria del gobierno); organismos descentralizados; fideicomisos públicos, y empresas productivas del estado, incluidas sus empresas productivas subsidiarias.

Las empresas de propiedad mayoritaria incluyen instituciones de desarrollo bancario, como el Banco del Bienestar, S.N.C. (Banco del Bienestar), institución que promueve el ahorro, uso y promoción de la innovación tecnológica y la inclusión financiera y de género a personas y empresas que tienen acceso limitado al crédito.

A su vez, los organismos descentralizados son personas jurídicas independientes que generalmente tienen autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión, como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que busca garantizar los depósitos bancarios, principalmente para los pequeños y medianos ahorradores, y brindar soluciones a los bancos con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y salvaguardando el sistema de pagos nacional.

Propiedad estatal

Los fideicomisos públicos son entidades públicas creadas para proveer un bien o derecho público al servicio de un objetivo definido, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que busca identificar proyectos de inversión sustentable en el sector turístico orientados hacia el desarrollo regional, la creación de empleo, el desarrollo económico, el bienestar social y la mejora de la calidad de vida.

Las empresas productivas de propiedad estatal son empresas que pertenecen en su totalidad al gobierno.

En tanto, las empresas estatales productivas de México son Pemex, que a través de sus subsidiarias productivas estatales, se dedica a la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización de hidrocarburos, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, a través de sus filiales productivas estatales, promueve la operación eficiente del sector eléctrico y el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución.

Objetivos

Durante las últimas décadas, el gobierno de México ha adoptado medidas para aumentar la productividad y la competitividad de la economía mediante la desregulación, la privatización y el aumento de la inversión del sector privado.

Estas medidas incluyen: (enmiendas constitucionales y leyes que permitan al gobierno permitir la participación privada en las comunicaciones por ferrocarril y por satélite; legislación que permita a las empresas mexicanas del sector privado dedicarse al almacenamiento, distribución y transporte de gas natural; la privatización de aeropuertos, puertos marítimos y carreteras; legislación de aviación civil que permite a las empresas privadas obtener concesiones por 30 años para operar servicios de transporte aéreo comercial dentro de México, y enmiendas constitucionales y legislación que facultan al gobierno para permitir la participación del sector privado en la extracción de petróleo y la producción y distribución de electricidad.

Empresas privadas

Durante los últimos años, el Congreso de la Unión ha adoptado una serie de leyes que aumentan el alcance de la participación privada y extranjera en sectores clave de la economía mexicana.

Por ejemplo, Fonadin sirve como plataforma financiera para desarrollar proyectos de infraestructura con la participación de los sectores público y privado.

La participación del Estado en la economía continúa siendo importante en México. Las entidades controladas o de propiedad estatal están compuestos por empresas financieras y no financieras.

Las entidades no financieras pueden recibir transferencias, aportaciones y/o subsidios del gobierno central, cuando sus ingresos no cubran sus costos de producción o bien para realizar inversiones físicas o financieras.

Pemex continúa siendo la empresa de propiedad estatal más importante.

Energía

En 2013 México llevó a cabo una enmienda constitucional que afectó el sector energético y de las telecomunicaciones. En lo relativo a la energía, la reforma constitucional tiene, entre otros, el objetivo de fomentar la inversión en el sector.

Consiguientemente se eliminaron algunas restricciones a la inversión privada (nacional y extranjera), excepto en las actividades consideradas estratégicas.

A pesar de la reforma que intentaba aumentar la competencia en el sector, tanto Pemex como la CFE continúan teniendo una importante participación en el mercado.

Sin embargo el Estado puede otorgar contratos a entes privados para participar en estas actividades, cuando las compañías estatales no cuenten con la tecnología ni los recursos necesarios.