El gobierno de México informó este miércoles que recurre a las cortes de Estados Unidos para señalar que ha sufrido daños derivados de importaciones de armas.

La medida se da en un contexto en el que, de acuerdo con un informe del Congreso estadounidense, muchos expertos afirman que los esfuerzos antidrogas anteriores en México han fracasado y se necesitan nuevas estrategias, pero la desconfianza mutua y las nuevas regulaciones que rigen la forma en que los agentes estadounidenses operan en México podrían limitar las opciones políticas.

Mientras que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador probablemente acogería con agrado los mayores esfuerzos de Estados Unidos para combatir el tráfico de armas o el lavado de dinero, podría dudar en aceptar los intentos de Estados Unidos de mejorar la estrategia de seguridad liderada por el ejército de México o el historial de derechos humanos.

Además de los anterior, el informe agrega que algunos analistas sugieren esfuerzos de fomento de la confianza para reparar las relaciones de seguridad a través de un diálogo de seguridad de alto nivel; otros sugieren un enfoque unilateral de Estados Unidos, que implica nuevas acusaciones de funcionarios mexicanos, la suspensión de parte de la ayuda de Mérida y la suspensión de las extradiciones a México.

Sobre la noticia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) argumentó que demanda es un componente más de la amplia estrategia del gobierno mexicano contra el crimen organizado y la violencia armada en México y busca promover medidas de comercio responsable que prevengan el tráfico ilícito de armas hacia México y su uso en actividades ilícitas.

La medida se informó en un evento este miércoles, encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Importaciones de armas

También en el evento participaron el senador Ricardo Monreal Ávila; el diputado Ignacio Mier Velazco; el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; el fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen; y la académica especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros.

En la presentación, los miembros del panel conversaron sobre las  acciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, mismas que fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México.

Organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que se utilizan en la comisión de actos ilícitos en México.

El Gobierno de México expuso que es respetuoso de las libertades y derechos que otorgan las legislaciones de otros países. En ese sentido, la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México.

En el marco de estas acciones, el canciller Ebrard señaló que se presentó una demanda civil de daños “para que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. Indicó que el monto de esta exigencia se determinará en el juicio.

Venta al público

El Secretario enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

Añadió como esencial que también incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que se usen por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.

El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.

Sin poder ignorar el uso que se da a las importaciones de armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma.