El sector energético inicia 2018 con una actividad importante en cuanto a licitaciones petroleras. El 31 de enero se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas para la asignación de hasta 29 áreas contractuales en aguas profundas mediante contratos de licencia, y para el 27 de marzo se tiene previsto que ocurra lo mismo, pero para asignar hasta 35 áreas contractuales en aguas someras con contratos de producción compartida, para que, en ambos casos, particulares puedan realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en territorio mexicano.
KPMG destacó que estas licitaciones serán las últimas antes de las elecciones presidenciales de 2018, hecho que provoca incertidumbre en el sector ante la posible desaceleración en el ritmo de implementación de la Reforma Energética en materia de exploración y extracción de hidrocarburos; sin embargo, son la oportunidad más clara que las empresas del sector tienen para ser parte de la apertura histórica del sector petrolero en México.
Las 29 áreas contractuales que se licitarán se localizan en las regiones conocidas como Perdido (nueve áreas contractuales localizadas frente al litoral de Tamaulipas), Cordilleras Mexicanas (10 áreas contractuales localizadas frente al litoral de Veracruz) y Cuenca Salina (10 áreas contractuales localizadas frente a Tabasco). La extensión de dichas áreas varía entre los 2,000 y los 3,000 km2, con una superficie promedio de 2,290 km2. En esta licitación se buscará asignar 2.8 veces más superficie que en la licitación pasada de aguas profundas (Ronda 1.4).
De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ya se tienen precalificadas a 29 empresas interesadas en esta licitación: 16 operadoras con representación de 12 naciones (Australia, China, España, EE.UU., Francia, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Países Bajos y el Reino Unido), y 13 como no operadoras, representando a 10 naciones (Alemania, Colombia, India, Japón, México, Portugal, Qatar, el Reino Unido, Rusia y Tailandia)
“Esto refleja la confianza de la comunidad internacional hacia México y sus instituciones, así como a su Estado de derecho, pues se trata de contratos que se celebrarán por periodos de 35 años con prórrogas potenciales de cinco y 10 años, por lo que el plazo total del contrato podría llegar a ser de 50 años, lo que representa más de seis periodos presidenciales en México, con lo que puede concluirse que el voto de confianza será plenamente hacia el país y sus instituciones”, opinó KPMG.
El porcentaje mínimo de contenido nacional que los operadores deberán incorporar a las actividades petroleras se incrementará de 3 a 10% en función de las actividades realizadas.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía, esta licitación podría atraer inversiones por entre 31,500 y 38,500 millones de dólares (entre siete y nueve bloques), en caso de que se asigne entre 25% y 30% del universo de las áreas contractuales disponibles (inversión de 4.5 mmdd/área contractual). En el eventual caso de que se llegara a asignar el 100% de las áreas, la inversión comprometida podría ascender a 130,000 millones de dólares.