El gobierno de México promueve la inversión en redes de fibra óptica principalmente a través de tres proyectos: la Red Troncal, la Red Compartida y los proyectos de infraestructura pasiva del Estado, para facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Red Troncal

La Reforma de Telecomunicaciones estableció que para llevar a cabo el proyecto de la Red Troncal de fibra óptica “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cederá totalmente a Telecomunicaciones de México (Telecomm) su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos.

“Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos”.

Adicionalmente, como parte de las aportaciones del gobierno mexicano al proyecto de la Red Compartida, Telecomm cedió a la Red Compartida el derecho de uso de un par de hilos de fibra óptica. De esta manera, a través del desarrollo de la Red Compartida se podría extender la red de fibra óptica existente cedida por Telecomm.

Red Compartida

La Red Compartida es el proyecto del gobierno federal para acelerar la disponibilidad y el acceso a servicios de banda ancha móvil “de alta calidad y a precios accesibles” en todo el país.

Será una red de telecomunicaciones que compartirá toda su infraestructura y ofrecerá sus servicios de manera desagregada. Se distinguirá de otras redes porque será mayorista, ya que comercializará capacidad, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a concesionarios y comercializadoras, y no a los usuarios finales.

El desarrollo del proyecto y de todas sus actividades será realizado por un operador privado, el cual se determinó mediante un proceso de concurso público internacional bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas.

En noviembre de 2016, el gobierno mexicano adjudicó el contrato al consorcio Altán Redes, a través de un contrato de Asociación Público Privada (APP) autofinanciable. Lo anterior implica que, el desarrollador aportará todos los recursos económicos, financieros, y técnicos por lo que no se utilizarán recursos públicos.

El contrato de APP tendrá una vigencia de 20 años, renovable a otros 20. Con objeto de garantizar la neutralidad de la Red Compartida, los actuales operadores de telecomunicaciones no podrán tener influencia en la operación de la Red Compartida.

Altán Redes deberá diseñar, financiar, construir, operar y mantener la Red Compartida, así como comercializar sus servicios. El desarrollador gozará de libertad tarifaria y deberá ofrecer las mismas condiciones a todos los operadores. Para esto, presentará ofertas públicas de referencia que incluirán las condiciones y los precios de sus servicios. Para este proyecto, se asignaron 90 MHz de la banda de 700 MHz que fue liberada como parte de la transición a la televisión digital terrestre que concluyó en 2015.

Infraestructura Pasiva

Por su parte, a través de los proyectos de infraestructura pasiva del Estado para facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones, México dará un paso más para promover la reducción de costos y agilizar el despliegue y la compartición de infraestructura de telecomunicaciones.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), llevará a cabo cuatro proyectos paralelos para facilitar dicho despliegue: a través de la disponibilidad de espacios en inmuebles, por medio de la promoción de mecanismos y trámites homogéneos en los estados y municipios, a través de habilitar derechos de vía y por medio de información a través de un inventario nacional. A continuación, se describen cada uno de estos proyectos:

1. Arrendamiento de inmuebles del gobierno para infraestructura de telecomunicaciones Existen alrededor de 110,000 inmuebles del Gobierno Federal ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, de los cuáles una parte importante podría ser puesta a disposición del mercado de telecomunicaciones para el despliegue de sus redes en el país. Para esto, se emitirá un acuerdo intersecretarial que establecerá la política inmobiliaria y las condiciones en que podrán aprovecharse estos espacios para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. En este acuerdo se establecerá que los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal podrán ser usados por los concesionarios, autorizados, permisionarios o desarrolladores de infraestructura de telecomunicaciones bajo condiciones no discriminatorias y sin derechos de exclusividad. Los agentes mencionados estarán sujetos a compartir los espacios y la infraestructura que instalen en los inmuebles federales, así como a otorgar las mismas condiciones de acceso a su propia infraestructura.
2. Recomendaciones a Estados y municipios Con el objetivo de impulsar el despliegue de infraestructura en el país, reducir sus costos y fomentar la compartición de infraestructura, es necesario facilitar los procesos para que los concesionarios obtengan permisos y autorizaciones a nivel federal, estatal y municipal. Para ello, se requieren mecanismos de colaboración y coordinación entre los tres niveles de gobierno y la industria. Por lo anterior, el Gobierno de México buscará firmar convenios de coordinación con todos los agentes anteriores, con el fin de establecer los mecanismos para homologar criterios para el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y radiodifusión, que simplifiquen y hagan eficientes los trámites de autorización. En dicho convenio, los estados y municipios se comprometerán a aplicar estrictamente un reglamento modelo para la construcción, instalación, ampliación y modificación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión a todas las solicitudes de autorización que presenten los operadores y proveedores de infraestructura que busquen instalarse en su territorio. Además, los operadores y proveedores de infraestructura se comprometerán y obligarán a presentar sus solicitudes en estricto apego al mismo reglamento.
3. Derechos de vía Para propiciar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la SCT buscará el aprovechamiento de los derechos de vía de carreteras y vías de tren para la instalación, por ejemplo, de ductos de fibra óptica que permitan a los operadores con alternativas de despliegue y redundancia de sus redes. Esto permitirá contar con una mayor estabilidad para la transmisión de datos, que se reflejará en mayores capacidades, calidad y precio en beneficio de los usuarios.
4. Inventario nacional Para complementar estos proyectos, el Gobierno de México coordinará la creación de un inventario nacional de infraestructura pasiva en el que exista un registro de sitios, ductos, postería y derechos de vía de toda la Administración Pública Federal. Este inventario permitirá conocer la disponibilidad y el estado de esta infraestructura, con el fin de generar esquemas de aprovechamiento para la misma en el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Adicionalmente a lo anterior, el IFT señala que en la Resolución de Preponderancia en telecomunicaciones emitida en marzo de 2014, como parte de las medidas asimétricas en materia de desagregación, se estableció la obligación de acceso de última milla. Sin embargo, con el objetivo de fomentar el despliegue de fibra, que los nuevos proyectos que fueran notificados al Instituto antes de su implementación contarían con una exención de la obligación de formar parte de los servicios de desagregación, por un periodo de dos años.

Derivado de la revisión bienal sobre el impacto en términos de competencia de la regulación asimétrica (aprobada el 27 de febrero de 2017), se establecieron medidas más estrictas de acceso, como la separación funcional, a fin de garantizar un acceso efectivo a los servicios de desagregación y compartición de infraestructura que incentive a los operadores a desplegar sus propias redes. Ante ello, se eliminó la exención mencionada anteriormente.