México rechazó el uso generalizado de inspectores laborales de un país en plantas de otro país como parte de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Firmado a fines de 2018, el T-MEC requiere la implementación de una legislación que debe probarse por ambas cámaras del Congreso estadounidense antes de que pueda entrar en vigor. Las laborales son una de las principales cuestiones de interés para algunos miembros del Congreso.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo este domingo que México no aceptará inspecciones laborales de funcionarios estadounidenses. “No es aceptable, ni se va a aceptar”, indicó en una conferencia de presa.

Por el contrario, añadió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador «ve con buenos ojos” los paneles de solución de controversias para resolver incumplimientos de las normas del T-MEC, no sólo en el campo laboral sino en cualquier asunto relacionado con el tratado.

En particular, el Anexo 23 del T-MEC obliga al gobierno mexicano a incluir disposiciones en su legislación interna que aseguren que, previo al registro inicial de un contrato colectivo de trabajo o durante la revisión del mismo, mediante el voto individual y secreto de los trabajadores, el contrato cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

Inspectores laborales

La T-MEC revisaría y fortalecería las disposiciones laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, y exigiría a México que promulgue ciertos cambios a sus leyes laborales nacionales.

El escrutinio sobre las prácticas laborales de México durante las negociaciones presionó cada vez más a México para avanzar en los esfuerzos de reforma en curso.

Algunos miembros del Congreso estadounidense propusieron agregar un sistema de inspectores laborales en el T-MEC para garantizar una mayor aplicación por parte de México.

Una propuesta exige inspecciones de fábricas sospechosas de violaciones laborales y posibles acciones punitivas a través de la denegación de beneficios arancelarios para envíos desde instalaciones.

La propuesta también aumentaría las capacidades de aplicación de la ley de México con la asistencia de Estados Unidos. México ha rechazado dicho sistema y se opone a la reapertura de las negociaciones sobre el capítulo laboral.

Reforma mexicana

Después de varios años de debate interno y reformas constitucionales en 2017, el 1 de mayo de 2019, el presidente López Obrador promulgó un proyecto de ley de reforma laboral destinado a mejorar los derechos de los trabajadores mexicanos al garantizar que los trabajadores puedan votar por los representantes sindicales por votación secreta, establecer el derecho de afiliarse a los sindicatos de elección y crear un tribunal laboral independiente para resolver disputas entre trabajadores sindicales y empleadores y registrar contratos, entre otras medidas.