La militarización en México plantea una preocupación para Estados Unidos, de acuerdo con un reciente informe del Congreso estadounidense.
Si México continúa dependiendo de su ejército para realizar tareas de seguridad pública y acepta menos ayuda exterior de Estados Unidos, el Congreso estadounidense puede perder algo de influencia en la reforma del estado de derecho en México a través de condiciones sobre asignaciones, investigación de antecedentes y capacitación en derechos humanos.
Tal suposición se plante en el informe del Congreso estadounidense que aborda la nueva estrategia de seguridad entre ambos países.
El Congreso estadounidense ha expresado su preocupación constante por la violencia y los abusos a los derechos humanos perpetrados por grupos criminales y funcionarios corruptos en México.
Desde 2018, los homicidios en México han superado los 33,000 anuales.
Según los informes, al menos cinco periodistas han sido asesinados en 2022.
También se han denunciado unas 95,000 desapariciones forzadas, la mayoría desde 2006.
La impunidad por homicidios se situó en alrededor de 90% en 2019, más alta para otros delitos.
Para disuadir tales delitos y abusos, los expertos han instado a México a fortalecer su sistema de justicia penal para aumentar la probabilidad de enjuiciamiento.
Militarización en México
Bajo la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos otorgó más de 406 millones de dólares para ayudar a capacitar y equipar a los operadores de justicia a nivel federal y estatal (policías, fiscales, jueces y personal forense) para servir en el nuevo sistema de justicia acusatorio de México, que entró en vigencia en 2016.
Si bien la organización no gubernamental World Justice Project elogió el potencial del sistema para aumentar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recortado los fondos para sus instituciones policiales clave como parte de las medidas de austeridad, de acuerdo con el mismo informe.
También desmanteló la policía federal y creó una Guardia Nacional dirigida por militares, una fuerza con un controvertido historial de derechos humanos y sin autoridad investigadora.
El Marco del Bicentenario menciona el aumento de la capacidad institucional para responder a los homicidios y reducir la impunidad, pero no está claro cuánta capacitación y asistencia técnica de Estados Unidos aceptará el gobierno mexicano.
