La nueva Ley Minera de México, aprobada a finales de marzo pasado, establece nuevas regulaciones para otorgar concesiones mineras por concurso.
Lo siguiente es parte de su contenido:
Cuando en un terreno sujeto a concurso se encuentre un área habitada u ocupada por un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, por cualquier otro tipo de asentamiento, la persona ganadora del concurso está obligada a suscribir un convenio con la comunidad o pueblo correspondiente.
El convenio es para obtener el permiso de uso del terreno, así como a cubrir una contraprestación de al menos 5% de la cantidad que resulte de disminuir al resultado fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sumas cubiertas por la persona titular de la concesión por concepto de contribuciones no deducibles para los efectos de ese impuesto.
Para los efectos anteriores, una vez obtenida la concesión, la persona titular de la misma tendrá la obligación de entregar a la comunidad de que se trate copia de las declaraciones correspondientes.
Los recursos de la contraprestación se depositarán en una cuenta que administrará la comunidad conforme a las reglas de operación que emita la Secretaría de Economía.
Asimismo, se podrán declarar zonas de reservas mineras aquéllas determinadas por el Servicio Geológico Mexicano, cuando se justifique con base en el potencial minero de la zona, mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.
Nueva Ley Minera
En el caso de las zonas de reservas mineras determinadas con base en la exploración efectuada por el Servicio Geológico Mexicano o en apoyo de la Secretaría de Economía, cuya supresión se decrete, se podrán otorgar concesiones mineras mediante concurso, siempre que no se acredite alguna causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.
También se incorpora el proceso para el cierre ordenado de las minas, el cual incluirá un plan de trabajo para dicho cierre, a fin de contar con las medidas obligatorias para que al final de la actividad minera se realice en orden y se lleve a cabo la reparación, restauración o remediación dependiendo de los impactos ocasionados.
