Las empresas multinacionales enfrentan nuevos retos fiscales, como el impuesto mínimo global y una nueva norma de nexo/derecho de imposición que asigna una parte de los beneficios intangibles/residuales directamente a las jurisdicciones del mercado.
El 1 de julio de 2021, 130 países y jurisdicciones llegaron a un acuerdo para continuar con el desarrollo del proyecto con el que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) pretende mitigar los retos en materia de tributación internacional que representa una economía altamente digitalizada.
La OCDE introdujo un nuevo marco inclusivo sobre la Erosión de la Base y el Traslado de Beneficios (BEPS 2.0) que contiene una solución de dos pilares para abordar los retos fiscales derivados de la digitalización de la economía.
Retos fiscales
Takeda, una empresa sería alcanzada por las nuevas regulaciones, destacó que estos cambios están siendo aplicados progresivamente por las autoridades fiscales de todo el mundo y representan un cambio fundamental en el marco fiscal internacional.
El primer pilar establece una nueva norma de nexo/derecho de imposición que asigna una parte de los beneficios intangibles/residuales directamente a las jurisdicciones del mercado, pero sólo para las empresas más grandes y rentables.
Como otro de los retos fiscales, el segundo pilar prevé un nivel mínimo global de imposición (15%) que establece un suelo para la competencia fiscal entre jurisdicciones. Desde la introducción del Marco Inclusivo de la OCDE, más de 130 países han respaldado el marco y se anticipa que el marco será adoptado como ley y entrará en vigor para los años fiscales que comienzan en 2023.
Takeda está a la espera de la legislación final y las orientaciones detalladas para evaluar todas las implicaciones en las jurisdicciones en las que opera.
Por otro lado, la empresa de análisis de datos Elastic destaca además que el 1 de enero de 2022 entró en vigor una disposición de la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017 que elimina la opción de deducir los costes de investigación y desarrollo nacionales en el año en que se incurren y, en su lugar, exige a los contribuyentes que amorticen dichos costes en cinco años.
Elastic espera que la disposición disminuya los flujos de efectivo de las operaciones y aumente los activos fiscales diferidos netos en una cantidad similar para sus operaciones en Estados Unidos.
Cualquier nueva legislación o interpretación de la legislación existente podría afectar a sus obligaciones fiscales en los países en los que desarrolla su actividad.
Sistema fiscal
En términos generales, el Pilar 1 se basa en asegurar una distribución más justa de las utilidades y derechos impositivos entre los países en relación con los Grupos Multinacionales (GM), no solo en relación con compañías que prestan servicios digitales automatizados, sino también empresas orientadas al consumidor.
Al respecto, se contempla hacer una redistribución de derechos de tributación de los países donde los GM están orientados a donde se encuentran sus usuarios y consumidores (los países mercado), con independencia de dónde tienen presencia física.
Esta redistribución involucra un ajuste a ciertos principios que han sido los fundamentos del sistema fiscal internacional por más de un siglo, tales como el concepto de “nexo” o “establecimiento permanente” y el principio de “plena competencia”.
El pacto logrado el 1 de julio 2021 incluye acuerdos sobre al alcance de las reglas propuestas (p.ej., GM con ingresos globales que exceden los 20,000 millones de euros con utilidades mayores al 10%) y algunos elementos del mecanismo de asignación de las utilidades de los GM a los países mercado.
Por otra parte, el Pilar 2 contempla imponer un punto de partida respecto de las tasas de impuesto sobre la renta en los países, introduciendo reglas globales antierosión (GloBE rules o Global anti-Base Erosion Rules) que abarcarían un “impuesto mínimo global” y una regla de deducibilidad para pagos efectuados a receptores que no estén sujetos a imposición bajo el “impuesto mínimo global” para con ello lograr que los países puedan proteger sus bases gravables.
