Los senadores Chuck Grassley y Joni K. Ernst solicitaron el inicio de un proceso que podría llevar a un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC sobre maíz transgénico.
Según ambos legisladores, ha llegado el momento de que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) intervenga en este asunto.
“Le pedimos respetuosamente que solicite formalmente la celebración de consultas sobre la solución de diferencias en virtud del artículo 31.4 del T-MEC. Si al final del periodo de consultas, México no ha confirmado que revocará su prohibición, la USTR debería proceder a solicitar el establecimiento de un panel de solución de controversias”, dijeron.
A través de una carta, esta solicitud la expresaron a Katherine Tai, titular de la USTR, este lunes.
Según un decreto, el maíz transgénico para consumo humano se eliminará en México a más tardar el 31 de enero de 2024.
“Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir las importaciones de maíz biotecnológico a México para el año 2024. Esta promesa contradice directamente las realizadas anteriormente por el gobierno mexicano a los Estados Unidos, contenidas en el T-MEC”, dijeron los senadores.
Panel
Iowa es el estado líder en producción de maíz, con un cultivo de 2,500 millones de bushels al año.
Los productores de Iowa exportan 16 millones de toneladas, o 630 millones de bushels, de maíz a México cada año.
Un análisis realizado por World Perspectives, Inc. reveló que una prohibición mexicana del maíz transgénico tendría un impacto significativo en la economía de Estados Unidos durante un horizonte de 10 años. Según el estudio, la producción económica estadounidense disminuiría en 73,890 millones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) se reduciría en 30,550 millones de dólares.
En el primer año de la implementación de la prohibición, los productores y socios industriales estadounidenses de maíz enfrentarían pérdidas estimadas en 3,560 millones de dólares. Este impacto se intensificaría en el segundo año, con pérdidas adicionales de 5,560 millones de dólares. Asimismo, esta contracción económica llevaría a la eliminación de aproximadamente 32,000 empleos en el país.