El gobierno de Brasil promueve la producción de biodiésel y su uso como fuente de energía sostenible a través del Programa Nacional de Producción y Uso del Biodiésel.
La producción de biodiésel en Brasil alcanzó 6.3 millones de metros cúbicos en 2022, una disminución de 7.6% en comparación con la producción de 2021.
Además, como mayor productor mundial de etanol de caña de azúcar y con la mayor flota de vehículos de combustible flexible, Brasil destaca como referencia mundial en bioenergía.
El gobierno brasileño ha apoyado continuamente el desarrollo, la producción y la distribución de etanol combustible como alternativa al petróleo.
En 2017, se aprobó una ley que lanza una Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio) para promover los biocombustibles y contribuir a los compromisos asumidos por Brasil como parte del Acuerdo de París.
También la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) regula la producción y distribución de etanol en Brasil.
Biodiésel
La producción de etanol requiere varias actividades, como el desarrollo de variedades especiales de caña de azúcar, técnicas de cultivo, tecnología de motores de combustible flexible, procesamiento, almacenamiento y distribución.
Recientemente, la investigación se ha centrado en el desarrollo de variedades de caña de azúcar, etanol de segunda generación y optimización de los procesos de producción agrícola e industrial.
En 2022, la producción nacional de etanol anhidro e hidratado alcanzó los 30.7 metros cúbicos, un aumento de 2.1% en comparación con la producción de 2021.
El 14 de julio de 2022, el Congreso promulgó la Enmienda Constitucional nº 123, que concedió al gobierno federal una dispensa de 41,250 millones de reales sobre el techo de gastos de 2022 para aumentar las prestaciones sociales (principalmente Auxílio Brasil y Ayuda al Gas), implementar una ayuda a los conductores de camiones y taxis, aumentar el gasto en alimentos proporcionados a las personas de bajos ingresos y reducir los impuestos sobre el etanol.
El 3 de noviembre de 2022, el Supremo Tribunal Federal determinó que el Gobierno Federal debía reactivar el Fondo Amazonia, creado originalmente para recaudar fondos y financiar medidas de protección del medio ambiente en la región.
Por decisión del Tribunal, se concedió al gobierno federal un plazo de 60 días para cumplir la medida.