México, Estados Unidos y Canadá acordaron prohibir monopolios en el sector de telecomunicaciones y reconocieron como un hecho que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda determinar las tarifas del sector, y no el Congreso mexicano.

Esta última facultad fue reconocida como un derecho de México de establecer sus propias leyes en la materia, el cual quedó jurídicamente consolidado tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El TLCAN vigente no prohíbe a una parte mantener un proveedor monopólico de redes o servicios públicos, como Telmex, la compañía de telecomunicaciones dominante en México.

Una fuente al tanto de las negociaciones informó que el nuevo capítulo en esta materia incluye normas sobre telecomunicaciones móviles y tarifas de roaming internacional, a la vez que permite a las empresas transmitir datos entre fronteras.

El TLCAN otorgó una «carta de derechos» para los proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones; conexión a líneas privadas que reflejen los costos económicos y estén disponibles sobre la base de un precio fijo, y el derecho a elegir, comprar o arrendar el equipo terminal que mejor se adapte a sus necesidades.

A partir del 2013, el IFT, creado a raíz de la reforma constitucional, emite «disposiciones técnicas» obligatorias para el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión.

En los últimos años, la política de competencia mexicana experimentó cambios sustanciales en su marco jurídico. Se introdujeron enmiendas constitucionales y se publicó la nueva Ley Federal de Competencia Económica, que derogó la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, que hasta 2014 regulaba este campo.

Además, en 2014 se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que derogó las leyes específicas que se aplicaban en dichos sectores y tiene incidencia sobre la competencia en dichos sectores.

Como resultado de las reformas, hay actualmente dos autoridades encargadas de implementar la Ley Federal de Competencia Económica, una de ellas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones con facultades para regular la competencia únicamente en este sector.

En el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un referente para las negociaciones del TLCAN, los países Parte acordaron que, si un país Parte elige regular tarifas para la venta al por mayor de servicios de acceso móvil internacional, esa Parte deberá brindar a los operadores de los otros países Parte del TPP que no regulan tales tarifas la oportunidad de beneficiarse de tarifas más bajas.

En ese mismo acuerdo comercial, los países parte comparten interés en garantizar redes de telecomunicaciones confiables y eficientes en sus países. Estas redes son críticas tanto para empresas grandes como pequeñas para proveer servicios. Las reglas pro competitivas de acceso a redes del TPP abarcan a los proveedores de telefonía móvil.

Los países Parte del TPP se comprometen además a asegurar que los proveedores de servicios de telecomunicaciones de mayor tamaño en sus territorios proporcionen interconexión, servicios de circuitos privados arrendados, coubicación, y acceso a postes y otras instalaciones bajo términos y condiciones razonables y de una manera oportuna.

En paralelo, algunos analistas consideran que los negociadores estadounidenses pueden buscar la liberalización del sector de telecomunicaciones canadiense, que contiene restricciones a la propiedad extranjera y requisitos del consejo de administración. Canadá también impone restricciones de contenido cultural que requieren la difusión y distribución de contenido de origen canadiense.