La ciudad estadounidense de San Francisco, California, presentó una demanda el martes contra la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump busca despojar de ayudas financieras federales a las “ciudades santuarios” que se nieguen a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración.

Las ciudades santuarios no es un término legal, por lo que la forma de implementar su ayuda a inmigrantes indocumentados puede variar, con políticas establecidas en la legislación local o pueden simplemente ser prácticas de la policía local.

Por lo general, implica que cuando un residente de alguna de estas ciudades entra en contacto con la policía, no se le pregunta por su estatus migratorio.

La demanda fue presentada por el abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, quien adujo que la orden viola la Décima Enmienda de la Constitución, dado que los poderes no garantizados al gobierno federal deben recaer en los estados.

“En una flagrante indiferencia ante la ley, el presidente de Estados Unidos busca coaccionar a las autoridades locales para que abandonen las denominadas leyes y políticas de ciudad santuario”, indicó la demanda, presentada en la corte federal de San Francisco.

En muchos casos, la policía sí trabaja con los funcionarios de inmigración para entregarles a sospechosos con antecedentes criminales que estén bajo arresto.

El término surgió en la década de 1980, luego de que la ciudad de Los Ángeles le pidiera a la policía que dejara de interrogar a algunas personas solamente para determinar su estatus migratorio en 1979.

Hay cientos de zonas declaradas “santuario”, entre ellas Houston, Chicago, Miami, Los Ángeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, San Francisco y Denver.