La Secretaría de Economía revisa posibles irregularidades en más de 5,000 concesiones mineras sobre las que hay trámites de cancelación.
«Tenemos miles de trámites de cancelación pendientes, los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera correcta y que no se afectan los derechos de ninguna de las partes, más de 5,000», dijo informó este miércoles el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga.
Algunas cancelaciones de concesiones han sido solicitadas por activistas y ambientalistas.
Para operar una unidad minera se requiere el respaldo de las comunidades establecidas en la zona y, para ello, es primordial llevar a cabo una consulta. “Ese es uno de los medios para buscar conjunción de voluntades”, comentó.
Con respecto a la consulta previa a comunidades y pueblos indígenas para el desarrollo de proyectos mineros, la Cámara Minera de México (Caimex) dijo el año pasado que promoverá que las entidades federativas incluyan en su legislación aplicable información clara y precisa sobre la definición y delimitación de los pueblos y comunidades indígenas para que exista certeza jurídica para esos territorios y también para los proyectos mineros, de infraestructura e hidrocarburos.
Asimismo, apoyará la expedición de una Ley General en materia de Consulta Indígena que defina cuál será la autoridad encargada de ejecutar la consulta y que la consulta se realice previo al inicio de actividades dentro del territorio y no previo al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones, además, que el resultado de la consulta no tenga carácter vinculante.
Trámites pendientes
En el Registro Público de Minería hay 25,221 títulos vigentes de concesión minera, que amparan 20 millones 970,000 hectáreas.
“Tenemos más de 20,000 trámites pendientes de los cuales más de 5,000 son de liberación de terrenos, más de 5,000 son cancelaciones; tenemos que asegurarnos que esto se hace de la manera correcta para no afectar derechos, para no generar mayor incertidumbre y también para no generarnos mayores trámites”, añadió Quiroga, en el México Mining Forum 2019, celebrado en la Ciudad de México.
El resto de los trámites corresponden supervisiones y revisiones de obligaciones, entre otros. “Tenemos un rezago grande y creciente”, dijo el funcionario.
Reforma sobre concesiones mineras
En noviembre pasado, el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, a través de Angélica García Arrieta, propuso un paquete de reformas a la ley minera que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.
De aprobarse la iniciativa correspondiente, el Servicio Geológico Mexicano podrá realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y asignación mineras, y la Secretaría de Economía declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y asignaciones.
Los cambios buscan garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
Adicionalmente, obligaría a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación, así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; en caso de no hacerlo se cancelaría la concesión por incumplimiento.
El mes pesado, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien encabeza el mayor sindicato minero del país, dijo a Reuters que impulsará una regulación más estricta para las nuevas concesiones en la industria, así como menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación.
