El gobierno de México está eligiendo cada vez más a sus fuerzas armadas para la construcción y administración de infraestructura económica, destaca el Reporte sobre el Estado de las Inversiones en México 2021, elaborado por el Departamento de Estado.

En los últimos dos años, el gobierno encomendó al Ejército (Sedena) la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, y los tramos 6, 7 y parte del tramo 5 del proyecto ferroviario del Tren Maya en el estado de Yucatán.

Asimismo, el gobierno anunció planes para entregar a la Armada (Semar) los derechos para la construcción, administración y operación del proyecto del Tren Transístmico para conectar los puertos de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz con el puerto de Salina Cruz en el estado de Oaxaca.

Sedena

También el gobierno está en proceso de transferir responsabilidades de manejo de puertos terrestres y marítimos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Sedena y la Semar respectivamente.

Por otro lado, la ley laboral mexicana requiere que al menos 90% de los empleados de una empresa sean ciudadanos mexicanos.

Los empleadores pueden contratar trabajadores extranjeros en puestos especializados siempre que los extranjeros no superen 10% de todos los trabajadores en esa categoría especializada.

México no sigue una política de “localización forzada”; la ley no exige que los inversionistas extranjeros utilicen contenido nacional en bienes o tecnología.

Sin embargo, los inversionistas que tengan la intención de producir bienes en México para exportarlos a los Estados Unidos deben tomar nota de las prescripciones de las reglas de origen contenidas en el T-MEC si desean beneficiarse del tratamiento del T-MEC.

El capítulo cuatro del T-MEC introduce nuevas reglas de origen y de contenido laboral, que entraron en vigor el 1 de julio de 2020.

En 2020, el banco central mexicano (Banco de México o Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, el principal regulador bancario de México) redactaron regulaciones que obligan a las empresas de tecnología financiera más grandes que operan en México a alojar datos en un servidor de respaldo fuera de los Estados Unidos, si su principal está en los Estados Unidos, o en servidores físicos en México.

El borrador de las regulaciones permanece pendiente de comentarios públicos y la industria de servicios financieros está preocupada de que puedan violar las disposiciones del capítulo de servicios financieros del T-MEC que prohíbe la localización de datos.