México importó 86,768 autos usados en el primer semestre de 2016, un alza de 4% frente al mismo periodo del año pasado, evidenciando que aún la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene el control de estas compras externas.

Aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) prevé la libre importación de automóviles usados, bajo ciertas restricciones graduales dependiendo del año modelo, el gobierno mexicano impuso el requisito de que se debe contar con el certificado de origen de cada unidad que se quiera importar.

Este nuevo requisito influyó para que las importaciones de autos usados bajaran de casi 1.6 millones de unidades en 2006 a unas 180,000 en 2015.

En México, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), ha destacado que la importación masiva de autos usados afecta la producción local de unidades nuevas. Otros analistas consideran que no compiten tan directamente ambos tipos de vehículos.

Hoy día, el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, en el que se establece el requisito del certificado de origen, sigue vigente, y la permanencia del mismo, sin modificaciones, ha permitido la reducción de la compra externa de estas unidades, dado que no es fácil contar con ese papel en Estados Unidos porque pocos dueños lo mantienen en su poder o no les fue dado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en jurisprudencia definida y obligatoria la constitucionalidad de este decreto, indicando que el mismo es acorde con el TLCAN y, consecuentemente, no es violatorio del Artículo 133 de la Constitución, ya que no establece mayores requisitos que los previstos en dicho tratado.