El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó un borrador de los cambios que pretende hacer al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre los que incluye varias disposiciones que forman parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés).
Las propuestas de Trump comprenden, entre otras, obligaciones laborales y ambientales, requisitos de flujo de datos libres y disciplinas sobre las empresas estatales.
Firmado el 4 de febrero de 2016, el TPP estaba integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la salida de su país de este bloque el pasado 23 de enero.
Las propuestas de Trump fueron planteadas en un proyecto de notificación enviado a los miembros de los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
En su campaña, Trump calificó al TLCAN como un “desastre” y criticó al TPP argumentando que afectaría a los empleos de Estados Unidos.
Sin haber entrado en vigor, el TPP establece reglas y procedimientos para el comercio de bienes y servicios realizados por Internet y otros medios electrónicos, lo que conformaba un capítulo no incluido en ningún tratado regional vigente en el mundo.
El documento del TPP contiene disposiciones sobre la obligación de no aplicar aranceles aduaneros en el comercio electrónico y establece el compromiso de no discriminación (trato nacional y nación más favorecida).
Otras regulaciones están dirigidas a cuestiones como transacciones electrónicas, protección a consumidores, requerimientos de localización, entre otros, para asegurar el libre flujo de información.
El TPP prohíbe a las empresas propiedad del Estado discriminar a favor de las compañías locales en las compras y ventas, de lo contrario pueden ser sometidas a tribunales.
El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama había esperado utilizar el TPP para establecer estándares para las empresas estatales en la región Asia-Pacífico como una forma de influir en el comportamiento de empresas chinas.
Las disposiciones laborales y ambientales propuestas en el TPP implican la imposición de aranceles si la disputa no se resuelve entre las partes y las medidas son violatorias del acuerdo.