Uruguay firmó acuerdos sobre inversión, comercio y para eliminar la doble tributación con países de América, Europa y Asia.
En primer lugar, el 20 de noviembre de 2020, Uruguay y México suscribieron el Tercer Protocolo Adicional al Tratado de Libre Comercio Uruguay-México, concluyendo la negociación de reservas y excepciones a los capítulos sobre comercio transfronterizo de servicios e inversiones, pendiente desde la entrada en vigor de dicho acuerdo en 2006.
Luego, el 18 de diciembre de 2020, el Congreso de ese país sudamericano aprobó un convenio fiscal entre Japón y Uruguay para la Eliminación de la Doble Tributación en materia de Impuestos a la Renta y Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, que había sido suscrito el 13 de septiembre de 2019.
Además, el 1 de marzo de 2021, la Secretaría del Comité de Inversiones de la OCDE (el “Comité de Inversiones”) informó a sus miembros que, luego de completar todos los trámites necesarios, Uruguay se convirtió en el 50 ° Adherente a la Declaración de Inversiones, completando así un proceso que se inició en marzo de 2018.
Con ello, Uruguay será miembro asociado en las reuniones de las sesiones ampliadas del Comité de Inversiones para trabajos relacionados con la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales e instrumentos legales relacionados, y el Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable.
A su vez, ese país participará también como miembro asociado, en la Mesa Redonda sobre Libertad de Inversión.
Su participación en el Comité de Inversiones tiene como objetivo acceder a las mejores prácticas en políticas económicas y de desarrollo.
Uruguay
El 8 de febrero de 2021, a la luz de las medidas adicionales introducidas para enfrentar la pandemia Covid-19, el Ministerio de Economía y Finanzas actualizó ciertos supuestos macroeconómicos para 2021.
En particular, el crecimiento del PIB real para 2021 se estimó en 3.5%, mientras que el déficit global del Gobierno Central-BPS se estimó en 4.1% del PIB excluyendo transferencias al Fondo Fiduciario de la Seguridad Social impulsado por los efectos de la Ley de Cincuentones.
El 2 de marzo de 2021, el gobierno anunció que se espera que la inversión pública en infraestructura hasta 2021 totalice 1,200 millones de dólares.