La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) informó este lunes que permitió alargar las consultas para tratar de encontrar un solución a su controversia sobre políticas energéticas con México.
La USTR afirmó que hay un “impulso positivo”, por lo que acordó ampliar el plazo inicial de la fase de consulta.
En julio de 2022, Estados Unidos y Canadá anunciaron que habían hecho un llamado a consultas ante México para la solución de controversias en virtud del Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en relación con ciertas medidas que favorecen radicalmente a la empresa estatal proveedora de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (Pemex), a costa de los inversores extranjeros.
La primera ronda de consultas entre Estados Unidos y México, junto con Canadá, tuvo lugar en agosto de 2022.
Las acciones de México incluyen, pero no se limitan a, las enmiendas a la ley de electricidad de México que darían prioridad a la distribución de la energía generada por la CFE sobre las fuentes de energía más limpias proporcionadas por los proveedores del sector privado, como la eólica y la solar.
También incluyen los retrasos, las denegaciones y las revocaciones de México de la capacidad de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a los proyectos de energía renovable.
Las políticas de México han cortado en cierta medida la inversión estadounidense y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país, incluyendo medidas significativas para revertir las reformas que México hizo previamente para cumplir con sus objetivos climáticos bajo el Acuerdo de París.
USTR
Desde diciembre de 2018, México ha llevado a cabo una política energética centrada en restablecer la primacía de CFE y Pemex.
México ha emprendido varias medidas para lograr este objetivo. Por ejemplo, en marzo de 2021, México modificó su Ley de la Industria Eléctrica para que su operador de la red diera prioridad al envío a la red de México de la electricidad generada por la CFE sobre la generada por todos los competidores privados, independientemente del coste o del impacto medioambiental.
